El Senado aprobó una nueva ley de glaciares

23/10/09

El proyecto se votó por unanimidad y ratifica la autoridad de aplicación de las provincias. La ley se votó a las 20,52 y tuvo 45 votos a favor, de todos los presentes

El Senado aprobó ayer por unanimidad sobre tablas el proyecto de ley de Protección de Glaciares presentado por Daniel Filmus a fines del mes pasado. Ahora la iniciativa pasará a Diputados, donde el oficialismo espera obtener también una sanción favorable, para dar respuesta al vacío que dejó al veto presidencial a fines del 2008 de la anterior ley 26.148.

Aquella vez generó gran polémica porque había sido votada por la mayoría kirchnerista en ambas cámaras, sin advertir que de la manera en que estaba redactada, impedía el desarrollo de la actividad minera o de emprendimientos como el túnel de Agua Negra en San Juan. Por eso la presidenta la vetó.

Las novedades del documento que recibió ayer media sanción de la Cámara Alta- y que en la mañana fueron aprobadas también unánimemente en la comisión de Medio Ambiente- son las siguientes:

* En su artículo 8º especifica que la autoridad competente será aquella que determine cada jurisdicción -o sea, deja la potestad en las provincias-, y que en el caso de las áreas protegidas operará la Administración de Parques Nacionales y en el del sector antártico la Dirección nacional respectiva. Eso en la ley vetada no estaba.

* El artículo 2º define como "ambiente glacial" a los glaciares descubiertos y cubiertos y al "ambiente periglacial" a los glaciares de escombros. Los glaciares descubiertos son cuerpos de hielo perenne expuestos, formado por la recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión; los cubiertos son aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria. Los glaciares de escombros están descriptos como cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen esta relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos.

La ley vetada sólo hablaba de "periglacial", sin tantas especificaciones, por lo que se podía extender incluso hasta lugares donde se desarrollan actividades productivas.

* En cuanto a infracciones y sanciones, el 11º establece que dicha ley y las reglamentaciones que en consecuencia se dicten -esto último da pie a que el Ejecutivo pueda determinar algunas cuestiones que en el texto actual se consideren amplias- "sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme al poder de policía"

* También, el proyecto incorpora observaciones que hizo en su momento la presidenta, como en el artículo 4º que habla del inventario de glaciares. Ahora la norma agrega que se debe hacer con intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, especialmente para las zonas fronterizas.

* La prohibición taxativa de liberar sustancias contaminantes, construir obras de arquitectura o infraestructura, salvo para investigación científica o prevención de riesgos, explorar o explotar minería e hidrocarburos, e instalar actividades industriales siguen en pie, pero según el senador César Gioja "no van a incidir en las actividades que se realicen en San Juan, ni va a impedir la concreción de emprendimientos". Gioja agregó que San Juan tiene legislación particular "que respeta la conservación de los glaciares" y que "nunca hablamos de hacer minería en los glaciares".


(Silvia Pestarino corresponsal en Buenos Aires del Diario de Cuyo)

Canción del Partido Comunista

Transgredir el sentido común

(Por Fabián Amico)

Un tema de debate central en Argentina actual se relaciona con las posibilidades de la política fiscal en medio de la inocultable caída del nivel de actividad. El tipo de régimen fiscal se define por la relación entre impuestos y gastos del gobierno en la adquisición de bienes y servicios. Si gastos e ingresos son iguales, el presupuesto está equilibrado. Como mucha gente sabe (a excepción de los fanáticos de la ortodoxia conservadora), a partir de cierto nivel los superávits primarios, o sea, el excedente de recursos antes del pago de intereses de la deuda, tiene impacto negativo sobre el producto. Por el contrario, los déficit fiscales tienen efecto expansivo sobre el nivel de actividad y de empleo.

La razón es simple: cuando el Estado gasta (compra bienes o paga salarios), inyecta dinero y con éste introduce en la economía un mayor poder de compra que, a su vez, tiene un cierto efecto multiplicador. Por el contrario, cuando recauda impuestos, sustrae dinero y resta poder de compra. También puede ocurrir que el gobierno le cobre más impuestos a individuos ricos (que por ende gastan y consumen menos) y pague mayores jubilaciones con esa recaudación, lo que tendrá un efecto neto expansivo. El motivo es que el Estado habrá puesto cierto poder de compra en manos de individuos que gastan casi todo su ingreso (jubilados) mientras sustrajo ese mismo poder de compra de individuos que gastan poco (por ejemplo, rentistas). Algo análogo ocurre cuando el gobierno recauda un peso de cualquier persona que no gaste todo su ingreso y luego gasta integramente ese mismo peso en bienes finales. Otra vez: habrá un efecto expansivo, aunque el presupuesto (impuestos y gastos) se mantenga equilibrado.

Hoy Argentina tiene superávit primario. Y nos acercamos rápidamente al déficit nominal. En otras palabras: la situación de gastos-ingresos primarios (es decir, antes de pagar intereses de deuda) es aún superavitaria, pero se torna deficitaria tras el pago de intereses. Si uno mira el superávit primario daría la sensación de que la política fiscal está siendo contractiva (porque quita más poder de compra del que inyecta), en tanto si se observa el déficit nominal podría pensarse que es expansiva porque el déficit estaría indicando que el gobierno pone más dinero (gasto) del que sustrae.

Pero las cosas son un poco más complejas. La diferencia entre los dos conceptos (superávit primario y déficit nominal) reside en las operaciones de transferencia realizadas por el gobierno. En la realidad, además de gastar, el gobierno transfiere recursos. En términos estrictos, el gasto público comprende dos grandes categorías muy diversas. Por un lado, el gasto en bienes y servicios (inversión, gasto en materiales de uso corriente, sueldos, etcétera) el cual, como parte de la demanda agregada, crea así parte de la producción anual que compone el PBI. Por otro lado, están las transferencias, que no contribuyen directamente al crecimiento del PBI. Estas transferencias ponen a disposición del sector privado ciertas cantidades de poder de compra que afectarán al PBI en la medida en que también sean gastadas en la compra de otros bienes y servicios. Por eso, hay transferencias y transferencias.
Leemos en Clarín: “Una expresión elocuente del nivel que han adquirido las urgencias fiscales fue, la semana pasada, el financiamiento del Pami al gobierno por 1.630 millones de pesos. Nada menos que el equivalente a 423 millones de dólares, para afrontar deuda pública. No es la primera vez que se hace en la gestión K, pero la insistencia en el método entraña un disloque: usar a la obra social de los jubilados como si fuese un banco”. Y agrega: “El argumento desaira el sentido común, pues si al Pami le sobra plata suena más apropiado emplearla en mejorar las prestaciones” (“El ancho agujero fiscal: en un año se perdieron $19.000 millones”, Alcadio Oña, Clarín, 29 de setiembre).

¿Acaso está proponiendo Clarín que no se pague a los acreedores de la deuda pública y que se usen esos recursos para aumentar las jubilaciones? Claro que no. La propuesta ortodoxa en verdad es forzar un ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque se considera “sano” que el Estado “ahorre”, obtenga superávit, aun en medio de la recesión (especialmente si ese ajuste recae sobre el gasto social u otros similares). Lo absurdo es que luego cuestionan al gobierno por las bajas jubilaciones y por la caída del nivel de actividad.

Sin embargo, de las crisis y recesiones solo se sale con déficit fiscal. Es una especie de ley. La razón es simple: pretender obtener superávit fiscal cuando la demanda se contrae es como querer llenar de agua un colador. Es imposible. Cavallo y el FMI intentaron infructuosamente hacia fines del 2000 lograr el “déficit cero” en medio de la recesión. Sacrificaron a casi toda la sociedad en la búsqueda de esa obsesión y nunca lograron la meta: el déficit no desapareció y la economía se hundió en la depresión forzando inútilmente un mayor ajuste, hasta que todo explotó.

En 2002 se “liberó” la política monetaria. El déficit público se hizo transparente, indoblegable y creciente. En febrero de 2002, el entonces viceministro de Economía, Jorge Todesca, reconoció que el gobierno carecía de fondos para pagar los sueldos estatales y admitió que… ¡tendría que emitir moneda por unos mil millones de pesos para financiar el mayor gasto público! Todesca se lamentaba por semejante situación y prometía volver rápidamente a la “normalidad”. El Presupuesto de 2002 proyectaba, no obstante, un ostensible déficit de 1,5 por ciento del PBI (tres mil millones de pesos de entonces). Así salió Argentina de la recesión: con planes de empleo financiados con emisión y deuda pública, con transferencias de ingresos desde los más ricos (y que consumen menos) a los más pobres (que consumen más). Por ejemplo, vía retenciones (que financiaron la mitad de los planes de empleo en 2002). Es decir: se salió de la crisis contradiciendo todos los dogmas sobre el régimen fiscal y monetario.

Otro dato central, absolutamente olvidado: se dejó de pagar la deuda externa. Porque una parte de las transferencias que realiza el Estado al sector privado corresponde a los intereses sobre la deuda pública. Es extraño que cuando se habla de ajustar el gasto, el peso del recorte recaiga siempre en los gastos de asistencia y seguridad social, inversión pública o salarios. Nunca el ajuste apunta a este tipo “especial” de transferencias, excepto en 2002.

Dice Clarín: “En los primeros ocho meses del año pasado, el superávit primario había alcanzado a $28.034 millones: el Estado recaudó mucho más de lo que gastó para funcionar. En el mismo período de 2009, el saldo fue de 8.472 millones. Significa, pues, que de un año al otro se perdieron más de $19.000 millones. O cinco mil millones de dólares, que no es una mala referencia, pues el superávit primario sirve para pagar deudas”.

Aquí aparece claro lo grosero y erróneo del “enfoque”. Primero: dice que se “perdieron” 19 mil millones de pesos, sin recabar en el hecho de que ese monto “perdido” fue “ganado” por manos privadas y pudo transformarse por ende en demanda adicional y menor caída del PBI. Si el Estado hubiera mantenido el nivel de superávit primario de 2008, la economía se habría derrumbado. Segundo: es interesante que Clarín reclame superávit primario sin más, ya que también podría reclamar que se “ajuste” (disminuya) el pago de inteses de la deuda, por ejemplo, repactando plazos de pago, renegociando intereses, canjeando títulos, etcétera. De este modo habría superávit financiero con déficit primario. Y todos contentos (excepto los acreedores).

En este marco, produjo un escándalo el intento de Scioli de subir la recaudación para poder pagar los salarios públicos. Hay que aclarar aquí que la provincia no puede emitir moneda (es una potestad del Estado nacional). Para eso se apunta a aumentar un veinte por ciento el inmobiliario rural. Entre los grandes propietarios de tierras la norma es un mosaico de propiedades ficticio que presentan para mostrar la dispersión de sus posesiones, manteniendo su inalterable vocación por eludir y/o evadir responsabilidades impositivas. En este marco, el Impuesto Inmobiliario Rural es un caso emblemático, especialmente en la región bonaerenses.

Mediante la artimaña de subdividir las propiedades, los propietarios esquivan el carácter de progresividad del impuesto, como lo señalan las alícuotas bajas en los primeros estratos que lógicamente aumentan a medida que crece la valuación fiscal de la parcela. Así, la suma de los gravámenes pagados por cada una de ellas es inferior al monto que debería pagar por una propiedad única de igual extensión.

De esa forma, los grandes propietarios de tierra convierten un impuesto progresivo en regresivo, puesto que las alícuotas medias del Inmobiliario Rural ejercen una mayor presión sobre pequeños y medianos propietarios, y no sobre los grandes, que eluden el pago mediante la mencionada subdivisión de partidas. Finalmente, si lo recaudado por tal impuesto se destina efectivamente al pago de salarios, la medida tendrá un indudable efecto positivo expansivo, pero absolutamente insuficiente para torcer la marcha declinante del nivel de actividad. En este punto, sería muy importante, si aún tiene esperanzas electorales, que de aquí en más el gobierno nacional repase lo que se hizo en 2002, haga memoria, y tome nota de cada uno de los pasos dados entonces. Se trate de transgredir el sentido común existente, antes de que ese sentido común nos termine enterrando en la recesión y el ajuste.